El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

El obispo de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, discrepa con que las mujeres tengan "derecho a decidir sobre su propio cuerpo" puesto que en la jerarquía de derechos prevalece el derecho a vivir. Además dice que los fetos no pueden considerarse "propiedad" de la madre.

La voluntad de controlar y tutelar los cuerpos de las mujeres, su sexualidad y, en general sus vidas, específicamente el derecho a decidir y el derecho universal a la salud, responde, claramente, a una ofensiva de corte neoliberal pero sin duda de corte patriarcal, representado en este obispo.

La existencia de un marco regulador que permita el ejercicio libre del derecho al aborto significa la creación de garantías de protección para que mujeres que tengan que hacer uso de él no pongan en riesgo su vida.

Los países que tienen menores tasas de aborto, se rigen por leyes de aborto no restrictivas, dentro de un marco responsable que incluye educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el acceso a anticonceptivos de emergencia.

En pleno siglo XXI es incuestionable que el aborto es un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida, pues nadie podrá negar que la vida de las mujeres se ve afectada con la obligación de llevar a término un embarazo no deseado, más a más si este embarazo pudiese acarrear daños a la salud física o psíquica.

Cuestionar la propiedad de una parte del cuerpo de una persona, como es un feto, cuestionar que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, todo ello, responde, a los intereses más enquistados de la iglesia católica española, ahora también,  del obispado de nuestra ciudad.

Sumémonos a la convocatoria de protesta a las declaraciones del obispo Agustí Cortes Soriano, hoy frente al obispado de Sant Feliu a las 19:30, en la C/ armenteras, 35

Porque en pleno siglo XXI es incuestionable que el aborto es un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida.

 

Los residuos toxicos que generan algunos partidos politicos

La POLITICA es el mecanismo para poner en común los diferentes intereses que  todos nosotros tenemos de manera individual. La corrupción que existe en algunos PARTIDOS POLITICOS nada tiene que ver con la POLITICA, y, existen leyes que regulan la actividad interna de los partidos políticos para evitar esta corrupción.

El nivel que ha alcanzado la corrupción EN ALGUNOS PARTIDOS POLITICOS, insisto NO EN LA POLITICA, se debe a la ausencia de reciclaje de los residuos tóxicos que generan nuestros partidos. La ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite que, en la práctica, los partidos se autorregulen. Esto es una anomalía gravísima e insólita en las democracias avanzadas. Los partidos políticos no deben autorregularse porque son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política. Este reconocimiento no debe darse sin un riguroso control legal para evitar que los partidos acaben convirtiéndose en élites que dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen, abandonado el concepto de POLITICA, como mecanismo que sirve para poner en común los intereses de muchas personas.

Vivimos las consecuencias de una herencia de la Transición, ya que en su dia se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes. Pesaba mucho el recuerdo de la inestabilidad política durante la II República y se confiaba en que partidos estables dieran lugar a una democracia estable. Además, se creía que este tipo de partidos era una garantía de unidad política ante el proceso descentralizador del Estado de las Autonomías. Hoy hay que reconsiderar esa decisión, porque el precio que se ha pagado por ella ha sido excesivo; tenemos una corrupción a la que no es posible poner límites y que tiene efectos cancerígenos. No se trata de cargos cometiendo delitos o de partidos buscando dinero extra, se trata de empleados y políticos integrados en los aparatos que los utilizan para enriquecerse sin control o para conseguir ingresos adicionales escapando al control de Hacienda. De la corrupción individual se ha pasado a una fase institucional y la consecuencia ha sido la degeneración de la competencia técnica y capacidad de liderazgo de nuestros políticos.

Hace falta una nueva ley de partidos políticos que imponga la democracia interna y la transparencia, que obligue a tener mecanismos de reciclaje de residuos tóxicos. Pero esto es lo último que hará una élite que dedica sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen. Por ello es necesario un amplio movimiento ciudadano para exigir una Ley de Partidos.

Los ciudadanos lo podemos, lo debemos de hacer, para acabar con la corrupción de en algunos partidos políticos  tomando consciencia de la capacidad extraordinaria que poseemos para decidir, valorar, oponernos, regular y opinar sobre todas las cosas que nos afectan, y transformar la realidad que nos rodea, pero tenemos que renunciar al cómodo inmovilismo que nos rodea y pasar a la acción. Tenemos que ser conscientes del increíble poder que poseemos como individuos, ya que la suma de millones de pequeñas acciones han alterado, en muchas ocasiones, el transcurso de la historia y ahora estamos en ese momento.

Tal y como afirmaba el maestro Gandhi, nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en este mundo y la POLITICA debe ser el mecanismo que debemos utilizar junto a nuestra conciencia del increíble poder que poseemos como individuos, para eliminar la corrupción en los PARTIDOS POLITICOS, añado yo.

¿Quién nos roba?¿Por qué nos roban?¿Cuánto le cuesta a cada ciudadano el fraude fiscal?¿Quién paga más?¿Cuál debería ser la primera medida de un gobierno democrático sin más aspiraciones que proteger a las mayorías sociales?¿Cómo llamarían a ese gobierno todos los medios propiedad de los ricos?

 

¿Quién nos roba? Las empresas presentes en los llamados paraísos fiscales (el 94 por ciento de las del Ibex 35); las que, como Zara, facturan sus ventas por internet desde Irlanda o las que, como Microsoft, tributan en Irlanda las ventas digitales de software fabricado en España; también los multimillonarios que controlan las Sociedades de Inversión de Capital Variable que solo tributan un máximo del 1% sobre sus beneficios. Según los técnicos de Hacienda, la mayor parte del fraude fiscal en España (que equivale a un 23% del PIB) es responsabilidad de la banca, las grandes empresas y las grandes fortunas individuales.

 

¿Por qué nos roban? Porque los diferentes gobiernos españoles han gobernado a favor de los ricos legislando para facilitar el fraude, dirigiendo casi toda la presión fiscal sobre los que menos tienen y promoviendo diferentes amnistías fiscales. En los últimos años, de hecho, ha disminuido la recaudación del impuesto de sociedades y ha aumentado la recaudación por IRPF. Los ricos pagan incluso menos de lo que parece; no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado como dicen. En realidad pagan mucho menos gracias a un sistema de deducciones que les favorece y porque sus ganancias derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo.

 

¿Cuánto le cuesta a cada ciudadano el fraude fiscal? Unos 2000 euros al año.

 

¿Quién paga más? Los que tienen una nómina y ganan menos de 33.000 euros al año a través del IRPF y los falsos autónomos obligados a renunciar a sus derechos laborales.

 

¿Cuál debería ser la primera medida de un gobierno democrático sin más aspiraciones que proteger a las mayorías sociales? Hacer una reforma fiscal progresiva que dirigiera la carga fiscal sobre los ricos y reforzar la inspección de Hacienda.

 

¿Cómo llamarían a ese gobierno todos los medios propiedad de los ricos? Ya se lo han oído a Cospedal: demagogo y populista. Así llamarán a todo el que haga lo que hay que hacer. Tomen nota.